El Sureño reproduce
parcialmente el siguiente artículo escrito por el doctor César
Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca; en el cual
desarrolla una interesante mirada de la actuación diplomática
frente a la ocupación de Gran Bretaña en el Atlántico Sur y la
actividad pesquera que afecta recursos genuinos de Tierra del Fuego.
RIO GRANDE.- El Ministro de Defensa y el de Relaciones Exteriores entienden que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto y parecen no recordar que el Reino Unido de Gran Bretaña ocupa en forma prepotente 1.639.900 km2, que incluye el archipiélago de Malvinas (11.410 km2) y las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de reclamar derechos sobre nuestra plataforma continental y la Antártida.
Me pregunto, ¿qué pasaría si Bolivia hubiese invadido la Provincia de Jujuy (53.219km2), Paraguay hubiese hecho lo mismo con la Provincia de Formosa (72.066km2), Brasil la Provincia de Misiones (29.801km2) y Chile la isla grande de Tierra del Fuego (21.263km2)? En este hipotético caso, esos países hubiesen ocupado sólo el 10,75% del total del territorio marítimo que Gran Bretaña ocupa en la actualidad. Un territorio con una potencialidad económica muy superior a la que tienen las cuatro provincias juntas y que en Malvinas tiene la base misilística más importante del cono sur, además, de más de 500 buques extranjeros pescando dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Aun así, estos ministros dicen que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto.
Pues bien, el Ministro de Defensa no parece haber hecho curso alguno sobre geopolítica o geografía básica y, el Canciller, con participación en los gobiernos menemistas y kirchneristas y, que hoy maneja nuestra política internacional, de quién se dice que es un experto en protocolo, le fallan en esta disciplina hasta sus subordinados, como es el caso del embajador Ezequiel Sabor que confundió una regata náutica con la llegada a México de la Fragata Libertad, un buque que representa al país en el exterior.
Su paso profesional por la Cancillería es intrascendente, a no ser, por su desafectación como viceministro de Ruckauf durante el gobierno de Duhalde, y su envío a Portugal, que no parece ser el mejor escalón para transformarse en uno de los cuatro cancilleres de carrera en la historia argentina. No sé por qué la Cancillería tiene que tener injerencia en la política pesquera, en especial, porque nunca utilizó este recurso para generar soberanía, más bien todo lo contrario, pero, lo cierto, que la política pesquera en la Argentina la fija el Consejo Federal Pesquero y, el Canciller tiene, como su funcionario de confianza en este Consejo, a la ministro Reina Ylia Josefina Sotillo, que ocupa este cargo luego de permanecer al frente del consulado de Villazón del Departamento de Potosí, Bolivia, por casi una década, un país que viene reclamándole la salida al mar a Chile desde la ocupación territorial de este en 1879; es por ello, que sus conocimientos relativos al Atlántico Sur y su explotación pesquera podrían ser un tanto limitados, teniendo en cuenta que la explotación pesquera en Bolivia es continental y no marítima y, alcanza a unas 3 mil toneladas anuales, en contraste con las 800 mil toneladas que se desembarcan por año en la Argentina y, mientras en aquel país se pesca con fines de subsistencia, en especial por parte de los pueblos indígenas y los campesinos, en la Argentina hay un importante desarrollo industrial, generador de poblaciones en todo el litoral marítimo.
Llegó la ministro Sotillo de prestar servicios en un lugar donde -según sus habitantes- la Argentina habría perdido alrededor de 600 km2 de territorio en favor de Bolivia, debido a que entre los dos mojones que existían en los cerros Negro y Mecoya se instaló un nuevo hito en el Valle del Silencio. La Argentina, reitero, tiene ocupado 1.639.900 km2 del Atlántico por Gran Bretaña.
La ministro con rango de embajadora María Teresa Kralikas designada subsecretaria de Malvinas y Atlántico Sur (desjerarquización mediante) parecía tener algunos antecedentes afines en la materia, ya que venía de participar, entre otros cientos de diplomáticos, profesionales y técnicos, de un informe relativo a la delimitación de los límites externos de la plataforma continental; sin embargo, su pliego fue rápidamente cuestionado en el Senado porque esta funcionaria habría participado en el lamentable “Acuerdo Foradori-Duncan” de 2016, que alegremente rezaba: “…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”, manteniendo la “fórmula del paraguas” y, respecto a vuelos militares de Malvinas a Brasil .
De ser así, habría razones para objetar su pliego, ya que pocos antecedentes serían peores para elegir a quien debe aplicar los preceptos de la Constitución Nacional respecto a Malvinas. En los hechos esta duda queda esclarecida por la persistencia de la Cancillería y, obviamente, esta Subsecretaría, en avanzar sobre los vuelos a terceros países desde Malvinas y a la investigación conjunta de los recursos en el Atlántico Sur, política que ha sido cuestionada por todo el arco político del Congreso nacional y de las fuerzas vivas de la Provincia de Tierra del Fuego.
Ahora bien, habría que ver qué hacían esta diplomática y el Embajador argentino en Montevideo para evitar la instalación por segundo año consecutivo de un stand en la Expo Prado, la mayor exposición agroindustrial de Uruguay, donde los británicos promueven una falsa historia sobre sus supuestos derechos en Malvinas y las virtudes de este territorio, al que definen como “nuestras islas, nuestro hogar” y “más cerca de lo que te imaginas”.
No parecen ser muy eficientes nuestras relaciones diplomáticas con Uruguay, ya que cientos de barcos extranjeros que capturan con licencia inglesa de Malvinas operan en los puertos uruguayos y, ahora promueven sus bondades turísticas y los productos en ese país para sortear el Brexit, que provocará la salida del Reino Unido de la Unión Europea y con ello, la desclasificación de las Islas como territorio marítimo de ultramar y, por tanto, la eliminación de la exención de impuestos que los favorecían en contraposición a nuestros productos.
Pero no debiéramos asombrarnos, ya que el, hasta unos pocos meses, subsecretario de Pesca de la Nación, Don Tomás Gerpe, era al momento de su designación -según sus declaraciones- un simple vendedor de pescados de empresas pesqueras de tercera línea, aunque, alguna de ellas vinculada a capitales chinos y, tal fue la calidad de su gestión oficial que hasta una de ellas se convocó para disolver la sociedad por “imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto”.
Aún hoy, ya renunciado, permanece como delegado en la Comisión Técnica del Frente Marítimo y presidente del Comité del Fondo Pesquero de Buenos Aires. Nos podemos imaginar con esa formación de base cuáles son sus habilidades para manejar la política pesquera del país, aunque pueden extraerse de sus propios antecedentes de Linkedin los “aportes protocolares” que le proveyó el Estado Nacional, ninguno que el propio Gerpe registre respecto al desarrollo de la industria pesquera bajo su competencia.
De sus declaraciones a la Revista Puerto, nos quedan muy claras sus incapacidades respecto a los procedimientos relativos a las reparaciones y posterior hundimiento de “El Repunte”: No sabía el Subsecretario quién era competente para pedirle al Astillero una certificación que acreditara el estado y avance de las reparaciones del buque siniestrado, que llevó a la muerte de tres tripulantes y siete desaparecidos. Es posible que no pudiese hablar del tema, ya que una de las empresas en las que dice haber trabajado operaba con buques de entre 31 y 40 años de antigüedad.
Secundado en sus “políticas” por el exdirector y hoy subsecretario Juan Bosch, ambos refirieron que finalizarían con las prácticas corruptas del puerto y en especial a las relativas a los bajos sueldos de los inspectores y la debilidad de estos ante los controlados. La solución la encontraron con una práctica igualmente corrupta «la asignación de viáticos apócrifos que no se habrían generado y utilizado para ello recursos del Fondo nacional Pesquero (FONAPE)”, lo que podría configurarse como pago de sobresueldos, práctica sobre la cual la justicia ya se ha expedido
Y aún peor, que alcanza a todos los responsables de la Cancillería, de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal de Pesca: La inadmisible situación, que desde 1982 a la fecha, el gobierno argentino no haya cobrado derechos o multas a los buques extranjeros que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina en forma ilegal, con o sin licencias del Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas, quebrantando la ley 24.922 y aceptando la expoliación del patrimonio del Estado Nacional y de todos los argentinos, por una cifra estimada en varias decenas de miles de millones de dólares y que podría servir como una acción disuasiva a las empresas licenciadas por los británicos. ¿Y la Auditoría General de la Nación y, los fiscales?
A esta altura, pareciera quedar claro que la sola reducción de Ministerios no es sinónimo de eficiencia. Los cuadros técnicos del Estado deben volver a ser lo que fueron entonces, donde los profesionales privados se abrevaban en el conocimiento y, por su parte, Ministros, Secretarios y Subsecretarios, embajadores y funcionarios de Entes descentralizados deben tener la idoneidad necesaria establecida en las leyes de la Nación, además, de que la Patria y la justicia demande a los funcionarios por mal desempeño, deslealtad, delinquir en el ejercicio de sus funciones o no observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina.