En una entrevista concedida a El Sureño, Gerónimo Ruiz y Francisco Bayón manifiestan el pensamiento institucional de “Agenda Popular” respecto a la Ley Nacional 19.640 y a la Ley Provincial 844, sus alcances y sus prerrogativas. Y aclaran: “No somos oposición política de nadie, reflexionamos sobre la inquietud de la gran mayoría fueguina; donde los gobiernos olvidaron o desconocen el verdadero espíritu y objetivo de la ley de promoción económica, generando inestabilidad, incertidumbre e injusticia social”.
RIO GRANDE.- En primer lugar sostienen que “debemos poner en valor el espíritu que dio origen a la Ley Geopolítica 19.640, donde los principales beneficiarios son las personas. La soberanía alimentaria, de bienestar y confort de los fueguinos, están en esa normativa. Tierra del Fuego tiene la lamentable situación de depender del abastecimiento externo para el consumo interno. Esto generó un predominio de los formadores de precios por sobre la población. Esta dependencia genera, entonces, un circuito nefasto donde los recursos (salarios) se exportan, no circulan por la ciudad sino que vía cajeros (supermercados, etc.) salen de la provincia hacia otros destinos. Acotando así el desarrollo local y la circulación de los recursos que deberían generar un mercado local real, que hoy no se autoabastece”.
Los representantes de “Agenda Popular” subrayan que “la actual instancia de abuso de precios necesita de una intervención gubernamental provincial, que se ponga al frente en la planificación, ejecución y control de políticas económicas a la fueguina, que pongan límite al agio y la plusvalía. Nuestra provincia no cuenta con antecedentes de intervención gubernamental en materia de control del abuso en la aplicación de la Ley 19.640, habiendo una legislación vigente en materia económica que es la Ley 844 sobre desabastecimiento, que nos permita vincular, salarios, precios y los objetivos de la ley”.
Contra el agio
Cabe recordar que los trabajadores municipales de Río Grande propusieron al Gobierno provincial la sanción de la “Ley del Agio”, que está vigente desde el 2011, la cual rige para controlar y defender los beneficios económicos y fiscales de la Ley 19.640, que debe garantizar el bienestar y confort de todos los fueguinos.
En otro tramo de la entrevista, Gerónimo Ruiz y Francisco Bayón indican que la economía entiende al agio como: “la especulación abusiva hecha sobre seguro, con perjuicio de tercero” y debe ser prioridad del Gobierno de la provincia dar cumplimiento inmediato a las normas existentes en materia de abastecimiento y control del agio, a fin de erradicar las tensiones producidas en la vida de los fueguinos.
“Debemos cumplir la Ley del Agio para que no haya injusticia. Exigimos al Gobierno de Tierra del Fuego, el cumplimiento efectivo e inmediato de la comisión de control y fiscalización de la Ley 844, de abastecimiento contra el agio, para contener la presión inflacionaria sobre la economía de los fueguinos”, sostienen los representantes de “Agenda Popular”.
Más adelante enfatizan que la mencionada normativa “no es para establecer ni bajar los precios; es para defender la soberanía y los derechos de bienestar y confort de todos los fueguinos establecidos en el espíritu de la Ley 19.640; también es para advertir, a todos los comercializadores de la provincia que no se presten a ningún juego de especulación y agio y ocultamiento de productos”.
Aspectos de la 19.640
En la entrevista Gerónimo Ruiz y Francisco Bayón destacan que el espíritu que da sustento jurídico a la ley económica y fiscal 19.640; surge de los Artículos 1° Y 2°; qué debe generar arraigo y soberanía, para un estado de bienestar y confort de todos los fueguinos.
“Se entiende como bienestar la seguridad jurídica, la seguridad para la familia, para la educación, para la salud, para la alimentación, y también para la realización trascendental, entendiendo también como bienestar los servicios de agua, calefacción y de electricidad, sin cargo, por ser un derecho”.
“Cuando se refiere al confort, es en cuanto a la accesibilidad de las cosas y la calidad de vida y de la relación social al alcance de los instrumentos que hacen a la satisfacción del ser humano, que no son vitales, pero que hacen al confort”.
Desde “Agenda Popular” subrayan que la Ley 19.640 “es el mercado central en Tierra del Fuego. A más de cuarenta y cinco años, los gobiernos fueguinos no han sabido valorar y potenciar este esfuerzo e inversión económica del presupuesto nacional, mientras la desigualdad social en nuestra provincia escandaliza”
“El desequilibrio económico afecta básicamente los servicios esenciales de la salud, la educación y la seguridad. Estas obligaciones del gobierno incumplidas, hace ver a la Nación como un gasto innecesario en la economía nacional, pero no es tal”.
“La realidad nos indica que mientras existan gobiernos lentos, la política conservadora no defenderá las prerrogativas y los derechos económicos de los fueguinos que otorgan los artículos 1º y 2º de la Ley 19.640, sostenida y mantenida con el presupuesto nacional, con el único fin, de crear arraigo definitivo. Para ser el soporte de la soberanía política y la independencia económica de Tierra del Fuego, para producir trabajo genuino, sostenido y sustentable”.
“No necesitamos mas gestores de la política, necesitamos por fin verdaderos gobernantes”, puntualizan Gerónimo Ruiz y Francisco Bayón.