El demandante inicial es Hugo González, quien sería administrador del consorcio barrio Jardín, que comprende 142 departamentos en la zona de Chacra II. Este intimó en un juicio ejecutivo al IPV por 460 mil pesos adeudados en concepto de “expensas”, y el ente habitacional trasladó la demanda a los vecinos adjudicatarios. Estos últimos plantearon una denuncia penal por estafa contra González, entendiendo que hay “un ardid o estafa para alzarse con una suma de dinero sin haber notificado a muchos de la existencia del consorcio”.RIO GRANDE.- La situación se inició a partir de una demanda mediante “juicio ejecutivo” del administrador de un consorcio contra el Instituto Provincial de la Vivienda, reclamando “expensas” adeudadas desde el año 2010, fecha en la que se habría conformado legalmente el consorcio.
El IPV trasladó la demanda a los propietarios y adjudicatarios de los 142 departamentos que comprenden este barrio Jardín, quienes iniciaron inmediatamente, hasta el momento solo 65 de ellos, una denuncia penal contra el demandante inicial y administrador del consorcio, Hugo González, entendiendo la existencia del delito de estafa.
El abogado de los vecinos, Dr. Cristian Rubio, aseguró que radicaron la denuncia penal contra este particular porque “se ven afectados por el señor Hugo González por presunta estafa con motivo del cobro de expensas por parte del señor al IPV, que a su vez intima a los vecinos a la presentación de certificado de libre deuda en concepto de gastos de expensas y administración de consorcio”.
“Los vecinos denuncian la falta de mantenimiento de los edificios y falta de servicio y que son ellos mismos los que siempre se encargaron del mantenimiento de estos edificios; por esta forma esta actitud del señor González de llevar a juicio al IPV y ni siquiera informar a la gente de este consorcio, nos lleva a la denuncia penal” dijo Rubio, agregando que sus representados nunca tuvieron “información de la conformación del consorcio”.
“Hasta la fecha no hay nadie que se haya presentado como administrador o se haya hecho cargo del mantenimiento, las prestaciones nunca se concretaron”, concluyó el abogado.
Ayer desde la Fiscalía se requirió la causa penal contra González por el delito de “estafa en grado de tentativa”, por lo que se aguardan las próximas actuaciones a llevar adelante en este caso.
González, quien es empleado municipal, por su parte, señaló que aclarará la cuestión tras hablar con su abogada, la Dra. Zulema Rodríguez, sosteniendo únicamente “yo al que reclamo es al IPV”, dijo en relación al juicio ejecutivo que tuvo la orden de ejecución desde el Juzgado Civil y Comercial a cargo del juez Aníbal López Tilli, quien intimó al IPV de la demanda por 460 mil pesos.
González aseveró que es el “administrador” del consorcio dando la idea de que los 142 vecinos componen el mismo, por lo que entiende que su demanda no va contra ellos, explicó; aunque aguardará el asesoramiento legal para brindar declaraciones oficiales en tal sentido.
Finalmente desde el área de Asuntos Sociales de la Municipalidad, donde González se desempeña en el área de Juntas Vecinales, aseguraron ser totalmente ajenos a esta situación pero se mantienen informados respecto del avance de la denuncia.
El administrador de un consorcio reclama resarcimiento y los vecinos aseguran que desconocían su existencia.