La ordenanza 660 pretende modificar el código de ordenamiento territorial para facilitar la subdivisión de terrenos, sin tener en cuenta la disponibilidad de servicios como agua, energía y cloacas.
TOLHUIN.- El Departamento Ejecutivo Municipal vetó una ordenanza que fue aprobada por el Concejo Deliberante que permite la subdivisión y venta de terrenos sin la debida supervisión municipal y sin factibilidad de servicios básicos.
Esta medida, que intentaba reactivar prácticas del pasado que dañaron a la ciudad, no contemplaba las regulaciones necesarias para un desarrollo urbano ordenado, priorizando intereses particulares por encima del bienestar de la comunidad.
En detalle, se observó que la ordenanza 660, impulsada por los concejales, pretende modificar el código de ordenamiento territorial para facilitar la subdivisión de terrenos, sin tener en cuenta la disponibilidad de servicios como agua, energía y cloacas. Sumado a eso, el Concejo Deliberante pretende habilitar las subdivisiones sin estudios técnicos previos.
La avanzada se realizó sin consultas ni trabajo de Comisión, decisión que expone una gestión apresurada y carente de transparencia. No se consultó ni a los entes responsables de los servicios, ni al Colegio de Agrimensores, ni a las áreas técnicas municipales, poniendo en riesgo la calidad de vida de los habitantes y la inversión privada en la ciudad.
Lo más grave es la contradicción evidente con la ordenanza 513, aprobada por el mismo cuerpo de concejales en 2019, que en su artículo 4° prohíbe las subdivisiones de terrenos sin la aprobación previa del Municipio, un proceso que aseguraba un control adecuado y la provisión de servicios básicos.
Sin embargo, los mismos concejales que defendieron la normativa de 2019 ahora promueven lo contrario, permitiendo subdivisiones sin la intervención municipal y sin factibilidad de servicios, lo que sugeriría un claro cambio de postura por conveniencia.
Desde el Municipio observaron que “esta incoherencia no solo socava la credibilidad del cuerpo legislativo, sino que también plantea serias preocupaciones sobre los intereses que podrían estar detrás de este cambio de posición”.
Prácticas como estas ya demostraron ser perjudiciales, como se vio en distintas urbanizaciones privadas de Tolhuin, donde la falta de planificación y supervisión obligó al Municipio a intervenir para solucionar problemas que afectaban a los vecinos.
Además, en su artículo 6°, la ordenanza de 2019 desaconseja la subdivisión de tierras adjudicadas originalmente para proyectos turísticos, promoviendo un control estricto y el apoyo a actividades que impulsen el crecimiento productivo.
Esto último es de vital importancia, ya que la nueva ordenanza ignora esos lineamientos, reflejando un trabajo legislativo desordenado y contradictorio, que podría dar lugar a la especulación inmobiliaria, como sucede actualmente en otras ciudades; donde los vecinos no logran acceder a la vivienda mientras crece la oferta con fines turísticos.
Cabe puntualiza que la decisión del Concejo Deliberante de aprobar esta ordenanza (ahora vetada por el Ejecutivo), sin las consultas correspondientes revela una desatención a los intereses de la comunidad y deja muchas preguntas sobre los verdaderos fines de esta iniciativa.