El proyecto pretendía producir 5.800 toneladas de salmones al interior de la Reserva Nacional Kawésqar en una concesión de 13,9 hectáreas, mediante la utilización de 16 balsas jaulas cuadradas de 40 x 40 x 15 metros.
PUNTA ARENAS (Chile).- El Tribunal Ambiental de Valdivia acogió el reclamo interpuesto hace un año por las “Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar”, habitantes de la Región de Magallanes, defensores y organizaciones ambientales por la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del centro de cultivo de salmones “Leucotón”, del titular Inversiones Pelicano XII SpA, dentro de la Reserva Nacional Kawésqar.
“Esta es una sentencia de muchas que deja en claro que los proyectos salmoneros que pretenden instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar se encuentran mal evaluados, las empresas continúan subestimando impactos y omitiendo información esencial. Esto es grave de por sí, pero aún más en este caso, ya que se trata de un área protegida con ecosistemas únicos en el mundo en cuyo interior debiera simplemente prohibirse la instalación de este tipo de proyectos”, indica Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA.
El tribunal señaló que el Servicio de Evaluación Ambiental Regional incurrió en una ilegalidad al no evaluar los impactos sinérgicos que el proyecto podría causar, tanto en el paisaje de la Reserva como en el medio marino, debido a la dispersión de contaminantes y la actividad de navegación, considerando la existencia de otros proyectos colindantes al interior de la Reserva: los centros de engorde de salmones «Estero Pérez de Arce» y «Colo Colo», ambos del titular Acuícola Cordillera.
“Los impactos de la salmonicultura deben evaluarse en su conjunto, sobre todo cuando varios centros operan simultáneamente en fiordos y canales, donde el bajo recambio de agua no da para que el ecosistema marino pueda soportar la carga que se le impone. Dejar de considerar los daños sinérgicos es gravísimo, pues los efectos negativos de sobrecargar el ambiente son muy difíciles de revertir y llevan a la generación de zonas muertas en el mar”, explica Florencia Ortúzar, abogada ´sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Desde Greenpeace comentaron: “Celebramos este nuevo triunfo en tribunales que demuestra que la industria salmonera no cumple con los estándares mínimos para la correcta evaluación del impacto ambiental de su instalación, insistiendo en desestimar el gran daño que generan. Es un triunfo de las comunidades locales que se han mantenido firmes exigiendo que el mar de la región no se transforme en una nueva zona de sacrificio”, afirma Estefanía González, coordinadora de Campañas de la ONG ambientalista.